EEUU podría conmutar las penas por delitos menores de drogas

Esta semana hemos sabido que el Gobierno de Estados Unidos esta dando los primeros pasos para conmutar las penas de los condenados por delitos menores de drogas, en un esfuerzo por reducir el número de presos en las cárceles del país y erradicar la discriminación racial en las cárceles.

El número dos del Departamento de Justicia pidió este jueves a los fiscales que busquen a presos que estén en condiciones de recibir un indulto y que les ayuden a preparar su solicitud. La medida beneficiará a miles de personas encarceladas, si bien no está claro a cuántos se les concederá, finalmente, el perdón o una reducción de su tiempo en prisión.

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“Necesitamos identificar a este tipo de individuos y redactarles unas solicitudes de indulto bien preparadas para enviárselas al Departamento de Justicia”, señaló el vice Fiscal General estadounidense, James Cole, durante una reunión con la Asociación de Abogados de Nueva York. La iniciativa del Departamento de Justicia se enmarca dentro de la estrategia de la Administración Obama de afrontar los problemas de disparidad en la duración de las condenas por posesión de determinados tipos de drogas, que generalmente perjudicaba a los afroamericanos, y reducir el número de reclusos que cumplen penas por delitos menores.


Posesión de crack o cocaína

 

Hasta 2010, la posesión de 1 gramo de crack se equiparaba a la de 100 gramos de cocaína a la hora de establecer la pena mínima por tenencia de droga.

Los consumidores de crack suelen ser afroamericanos con pocos recursos, mientras que la cocaína está más extendida entre la población blanca con buen nivel económico, una circunstancia que provocó una importante disparidad, no sólo racial entre los convictos por posesión y tráfico, sino en la duración de las condenas. Ese año, el Congreso aprobó la Ley de Sentencias Justas que redujo esa diferencia beneficiando a 12.000 prisioneros.

En 2011, 30.000 presos, el 15% de toda la población reclusa de EE UU, estaba cumpliendo una condena relacionada con la posesión de crack. Con esta reforma, el poder legislativo se sumaría a los esfuerzos del ejecutivo para atajar el problema del hacinamiento y la discriminación racial del sistema penitenciario y de justicia de este país, un tándem por el que han venido abogando los defensores de una reforma de los mismos.

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