El juez Enrique López dimite tras ser pillado en moto sin casco y ebrio

El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López ha presentado su dimisión en el tribunal de garantías tras ser sorprendido por la policía conduciendo su motocicleta sin casco y con una tasa de alcoholemia cuatro veces superior al máximo legal.

El magistrado del Constitucional estaba obligado a dejar el cargo si era condenado por un delito doloso, como es conducir ebrio, sin casco, y saltarse un semáforo en rojo, sabiendo que es ilícito. Así lo exige el artículo 23 de la ley orgánica que regula el TC. Su cese debía hacerse efectivo aún incluso si existiera sentencia de conformidad en la que reconozca los hechos.

Enrique López, muy próximo al PP, se saltó un semáforo en rojo en la confluencia de la calle de Vitruvio con el paseo de la Castellana. En esa esquina estaba apostado el coche patrulla Z-53 de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Chamartín, cuyos agentes, tras advertir la doble infracción vial, salieron detrás del magistrado y le dieron el alto. Nada más apearse de la moto, López dio muestras evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol.

La prueba de alcoholemia que se le practicó cuadruplicó la tasa de alcohol en sangre permitida (1,10 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando el tope está fijado en 0,25 miligramos)

Hay que recordar que se producen Más de 100.000 positivos de alcoholemia al año como os contábamos en este artículo.

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Hasta siete pruebas de alcoholemia


Los policías nacionales, que no tienen competencias en materia de tráfico, reclamaron inmediatamente la presencia de una patrulla de la Policía Municipal. Un equipo de atestados de este cuerpo de seguridad realizó siete pruebas de alcoholemia al magistrado debido a que este “cortaba el soplido sin motivo aparente”.

Los agentes le advirtieron de que su actitud podría ser considerada como una negativa a someterse al test.

El primer examen arrojó un resultado de 1,12 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, cuando la tasa máxima para los particulares para manejar vehículos de motor es de 0,25 miligramos por litro. Una segunda prueba de contraste, 18 minutos más tarde, ofreció un resultado inferior, pero también ilegal: 0,98 miligramos de alcohol por litro de aire.

López no fue detenido por este supuesto delito contra la seguridad vial, que será instruido y juzgado por el Tribunal Supremo debido a la condición de aforado del magistrado. López pudo marcharse a su casa tras someterse a las pruebas de alcoholemia aunque su motocicleta quedó precintada ante la imposibilidad de que el miembro del Constitucional la condujera.


Penas por alcoholemia


Los hechos van más allá de una mera infracción administrativa. El artículo 372 del Código Penal contempla penas de tres a seis meses de prisión —sustituible por multa o trabajos comunitarios— y retirada del permiso de conducir de uno a cuatro años a aquel que “que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro”.

La Sala II del Tribunal Supremo deberá enjuiciar el caso de Enrique López. Incluso en el caso de reconocer los hechos y asumir sus consecuencias, es la Sala de lo Penal del alto tribunal la competente para dictar la sentencia correspondiente al exportavoz del Consejo General del Poder Judicial.

La razón estriba en que Enrique López es una persona aforada, al ser miembro del Tribunal Constitucional, y su aforamiento conlleva que los delitos que cometa un magistrado del TC sólo pueden ser enjuiciados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

En declaraciones hechas seis horas después de ser interceptado por la policía, el magistrado López manifestó: “Reconozco los hechos y asumo las consecuencias que tienen”. Y añadió: “Hay circunstancias personales que podrían justificarlos pero que no vienen al caso”.


Otros sucesos de seguridad vial


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Tras el incidente, López, uno de los miembros más marcadamente políticos de la judicatura española, se quedó solo. El PP, que en los últimos años ha visto a varios de sus líderes, como Esperanza Aguirre, Miguel Ángel Rodríguez o Ignacio Uriarte, implicados en sucesos de seguridad vial, guardó silencio sobre el caso de López, a quien el Gobierno colocó en el Tribunal Constitucional en junio de 2013 después de seis años de vetos del PSOE en el Congreso y el Senado. El propio Tribunal Constitucional evitó ayer pronunciarse sobre la conducta del magistrado, que consideró un “asunto privado”.


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