La guerra contra la droga en Filipinas: 1.900 muertes en dos meses

El alcalde de la ciudad de Davao, Rodrigo Duterte fue conocido como «El Castigador». El apelativo tiene su origen en los sangrantes lazos con los grupos de vigilantes o patrullas urbanas que a finales de los 90 sumergieron a la ciudad en el terror.

Sin embargo, en solo siete semanas, la sangrienta campaña anti-drogas lanzada por Duterte, que asumió la Presidencia de Filipinas el pasado 30 de junio, comienza a quedarse corta de apodos.

Este martes, Ronald de la Rosa, máxima autoridad policial del país, reconocía que desde la llegada de la Administración Duterte, al menos 1.900 personas han muerto durante la represión contra el narcotráfico.

El jefe de Policía, en una comparecencia en el Senado, aseveró que las fuerzas de seguridad habían acabado con la vida de cerca de 750 personas debido a la resistencia de las víctimas a ser detenidas. Mientras, el resto de muertes «están siendo investigadas». Sus declaraciones se producen tan solo dos días después de que Duterte amenazara con abandonar las Naciones Unidas ante las críticas vertidas desde la organización a su política de «disparar a matar».

Con anterioridad, expertos de la ONU habían instado al Gobierno de Manila a detener las ejecuciones y asesinatos extrajudiciales intensificados desde la llegada al poder de Duterte.

«En efecto, es una licencia para matar», aseguraba entonces Agnes Callamard, relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, subrayando que «las directivas de esta naturaleza son irresponsables en el extremo y la incitación a la violencia y el asesinato, un crimen de derecho internacional».la guerra contra la droga - centro adicciones

A principios de este mes, en un nuevo golpe de autoridad, «el Castigador» había hecho pública una lista de más de 150 jueces, políticos, policías y militares presuntamente implicados en el tráfico de drogas. La difusión fue criticada por la presidenta de la Corte Suprema, María Lourdes Sereno. Sobre todo, ante los errores de bulto (uno de los mencionados en la lista, el juez Roberto Navidad, fue asesinado hace ocho años).

La organización Human Rights Watch (HRW) ya ha pedido al Gobierno filipino que rinda cuentas sobre este aumento exponencial de la violencia. El subdirector en Asia, Phelim Kine, señaló en un comunicado que estos asesinatos “sugieren que la retórica agresiva de Duterte, que aboga por soluciones violentas y extrajudiciales a la criminalidad, ha encontrado una audiencia receptiva”. De hecho, el presidente filipino sigue contando con una tasa de aprobación de cerca el 90% después de arrasar en las elecciones celebradas en mayo.


Testimonios de familiares


Harra Kazuo, una joven de 26 años, llega a la instancia senatorial cubierta con una bufanda y grandes lentes de sol. Ella relata que su marido, Jaype Bertes, y su suegro, Renato Bertes, murieron cuando estaban en custodia policial. La mujer admite que ambos hombres consumían drogas y que eventualmente su marido las vendía para ganarse la vida. “Él ganaba 300 pesos (cerca de 6 euros) al día”, contó entre lágrimas la mujer, que está embarazada de siete meses.

Según un reporte policial, ambos intentaron quitar su arma a un agente en la comisaría, por lo que fueron abatidos a tiros.

Pero según las pruebas forenses, ambos hombres fueron duramente golpeados antes de su muerte, además de recibir al menos tres disparos cada uno. Uno de los tiros impactó al suegro de la testigo en la parte superior de la cabeza, lo que apunta que él estaba encorvado al momento de recibir el disparo. Y como esta, mil historias más.

Tras los asesinatos masivos ocurridos en Filipinas en el marco de la guerra antidrogas del presidente Rodrigo Duterte, el Senado recibió a familiares de las víctimas para escuchar a la otra parte de esta historia.


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